Estados Unidos y México anunciaron un curso formal de remediación el 2 de octubre para la planta de llantas de la Corporación de Occidente en El Salto, Jalisco. La empresa fabrica neumáticos para automóviles y especiales. El anuncio es el decimocuarto curso de remediación formal acordado por los dos gobiernos bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, según el Representante Comercial de Estados Unidos. El plan aborda las violaciones de la ley mexicana identificadas en el caso y establece medidas para proteger la libertad de asociación y la negociación colectiva en la planta.

Una medida central se refiere a 12 trabajadores que fueron despedidos ilegalmente, según el plan anunciado. La empresa debe reintegrarlos con salarios y beneficios retroactivos completos, o pagarles una indemnización completa, según la preferencia de cada trabajador. El plan también exige que la empresa ponga en práctica su declaración de neutralidad y sus normas sobre libertad de asociación y negociación colectiva, capacite a todo el personal y aplique una política de tolerancia cero ante las violaciones. Los trabajadores deben ser informados sobre el plan y el compromiso declarado de la empresa de respetar esos derechos.

Las medidas correctivas también abordan cómo los empleados pueden plantear inquietudes y obtener información. La empresa instalará y publicará un mecanismo de denuncia anónimo y confidencial. Debe mantener su declaración de neutralidad, directrices, convenio colectivo, materiales de capacitación e información sobre los canales de quejas accesibles a través de su sitio web y plataforma de comunicaciones internas. El plan exige la comunicación oportuna a los trabajadores de las evaluaciones, informes de desempeño e informes de incidentes.

Una parte separada del plan se refiere a los materiales de producción. Corporación de Occidente debe utilizar un sistema de seguimiento confiable para documentar y, cuando corresponda, monitorear la asignación de materiales para que los trabajadores tengan lo que necesitan para la producción y la distribución sea justa, consistente y no discriminatoria. El anuncio no establece un objetivo de producción, un monto de inversión ni un calendario para la producción de la fábrica. Los compromisos descritos son derechos laborales y medidas de procesos en el lugar de trabajo.

El gobierno mexicano tiene sus propias obligaciones de seguimiento y capacitación. Vigilará que la instalación cumpla con el plan de remediación y las leyes mexicanas sobre libertad de asociación y negociación colectiva. México llevará a cabo capacitaciones presenciales diseñadas para ayudar a todos los trabajadores a comprender y ejercer esos derechos, incluida información sobre la supuesta denegación de derechos en la instalación y el proceso de conciliación disponible para los trabajadores despedidos.

El plan proporciona capacitación separada sobre derechos para supervisores, personal de recursos humanos y relaciones laborales, y funcionarios superiores o de confianza. México también debe mantener una dirección de correo electrónico directa, una plataforma de denuncia y una línea telefónica a través de las cuales los trabajadores puedan denunciar de manera confidencial posibles interferencias ilegales u otras violaciones de derechos. El gobierno dijo que investigaría las acusaciones de manera oportuna. Estas medidas asignan responsabilidades continuas tanto a la empresa como a las autoridades mexicanas.

El caso comenzó con una petición recibida el 28 de octubre de 2025 de dos trabajadores despedidos, dice el relato del USTR. La petición alegaba que la empresa y los dirigentes sindicales en ejercicio actuaron juntos contra los trabajadores que hablaban en contra del sindicato o sus líderes y buscaban más transparencia y representación democrática. El comité interinstitucional encontró suficientes pruebas creíbles para permitir a Estados Unidos invocar el mecanismo de buena fe. Estas son acusaciones y conclusiones procesales descritas en el comunicado del USTR, no un fallo judicial independiente.

Estados Unidos solicitó a México que revisara el asunto el 26 de noviembre de 2025. México acordó realizar una revisión y concluyó el 23 de enero de 2026 que no se había producido una denegación de derechos en la instalación. Después de esa investigación, la empresa acordó ciertas acciones correctivas y los dos gobiernos luego acordaron el rumbo formal anunciado en octubre. El acuerdo registra los pasos posteriores sin cambiar la distinción entre la revisión anterior y los compromisos ahora establecidos para el cumplimiento futuro.