Un informe de seguimiento publicado el 2 de octubre por el Ministerio de Minas y Energía de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito identificó evidencia de explotación de oro aluvial en 118.410 hectáreas de tierra durante 2025. El área supera en 4,5 % las 113.310 hectáreas identificadas en 2024. El indicador mide la extensión donde se detectó actividad, no el volumen de oro producido. El Gobierno y la UNODC clasifican el 75 % de la superficie mapeada como ilícita o no autorizada, el 21 % con permisos técnicos y/o ambientales y el 4 % en tránsito hacia la legalidad. Las categorías describen el estado reportado del área observada, no la producción ni los ingresos.

La serie muestra que el área detectada volvió a crecer tras los descensos de 2021 y 2022: 105.060 hectáreas en 2023, 113.310 en 2024 y 118.410 en 2025. El informe también señala que el componente ilícito o no autorizado aumentó 10 % entre 2024 y 2025. Se encontró evidencia de actividad en 15 de los 32 departamentos colombianos. El 82 % del área ilícita se concentró en Chocó, con 41.493 hectáreas; Antioquia, con 24.282; y Bolívar, con 7.222. La distribución indica dónde se concentra la actividad mapeada, mientras el total nacional agrega zonas y categorías jurídicas diferentes.

El informe mide además la coincidencia con territorios sensibles en términos ambientales y sociales. Ubica 58.216 hectáreas, equivalentes al 49 % de toda la actividad terrestre detectada, en zonas donde no se permite la minería; 43.048 de esas hectáreas están en la Reserva Forestal del Pacífico. El indicador dentro del Sistema de Parques Nacionales Naturales aumentó 153 % entre 2023 y 2025. Las tierras de comunidades negras representan el 45 % del total nacional, y el 84 % del área detectada en esos territorios está en Chocó. Los resguardos indígenas representan el 0,4 % del total, aunque el indicador allí subió 25 % en 2023–2025. También se señalaron 215 sectores de alerta en 11 ríos amazónicos, en zonas cercanas a 64 resguardos indígenas.

El informe de seguimiento describe la presencia de grupos armados ilegales como un factor crítico en las zonas donde se cartografía actividad de oro aluvial. La ministra dijo que la respuesta del Gobierno se centraría en tres líneas: formalizar las actividades con vía hacia la legalidad, perseguir las estructuras criminales junto con el Ministerio de Defensa y recuperar los territorios afectados. El representante regional de la UNODC señaló que el desafío es convertir la evidencia en decisiones, intervenciones focalizadas y acciones concretas en los territorios. El informe aporta un mapa de los lugares donde se detecta actividad y de sus contextos ambientales y sociales.