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El Gobierno escocés publicó una directriz urbanística que exige presentar una evaluación de impacto ambiental durante la tramitación de toda solicitud de un nuevo centro de datos con una potencia superior a 50 megavatios. La medida se anunció el 16 de septiembre.

Las solicitudes por debajo del umbral de 50 MW siguen sujetas a las normas vigentes de evaluación ambiental caso por caso. La directriz no prohíbe los centros de datos ni concede permiso de construcción; exige evaluar los posibles efectos ambientales significativos durante la planificación.