El Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI) informó que las fiscalías federales y estatales abrieron 2.064.775 carpetas de investigación en 2025, en resultados publicados el 1 de octubre de 2026. La cifra fue un 3,5 % inferior a la de 2024. La Fiscalía General de la República (FGR) reportó 84.144 aperturas y las fiscalías generales o procuradurías estatales (FGE), 1.980.631. La participación federal fue del 4,1 % y la estatal del 95,9 %. Estos datos describen carga administrativa registrada por las instituciones de procuración de justicia. No cuentan causas llevadas ante tribunales, hechos delictivos comprobados ni personas condenadas; esa distinción es importante al leer un censo de actividad institucional.

En las carpetas abiertas se registraron 2.102.812 delitos, un 4,5 % menos que en 2024, según el INEGI. Una carpeta de investigación puede incluir más de un delito, de modo que los registros de delitos y las carpetas abiertas son medidas distintas. El instituto indicó que el 98,5 % de las carpetas correspondió a la justicia penal para personas adultas y el 1,5 % a la justicia para adolescentes. La FGR no atiende procesos para adolescentes, por lo que esa categoría se aplica a las fiscalías estatales. Entre estas, el Estado de México concentró el 17,0 % de las carpetas abiertas, Ciudad de México el 10,2 % y Guanajuato el 7,8 %. Esta distribución refleja el volumen que informó cada institución. No es una tasa de criminalidad ajustada por población ni una clasificación de eficacia fiscal, y los totales no explican por sí solos por qué cambiaron las aperturas.

El informe contó por separado las determinaciones o conclusiones registradas durante el año en carpetas de la etapa de investigación inicial. Fueron 1.904.464: 104.334 correspondieron a la FGR y 1.800.130 a las fiscalías estatales. Estas últimas también reportaron 225.936 determinaciones o conclusiones en la etapa de investigación complementaria. No son simplemente carpetas abiertas y cerradas en 2025: las decisiones tomadas durante el año pueden corresponder a carpetas iniciadas en años anteriores. El INEGI también define de manera distinta la unidad de referencia federal y estatal. Para la FGR se utiliza la carpeta según el delito principal y la persona responsable principal; las fiscalías estatales pueden contar determinaciones por procedimientos vinculados a víctimas, personas imputadas y delitos. Por ello, una carpeta puede generar más de una determinación estatal. No conviene emparejar estos totales uno a uno con las aperturas anuales.

Al cierre de 2025, las instituciones reportaron 2.916.624 procedimientos pendientes en carpetas de investigación, un 10,4 % más que un año antes. El total incluyó 2.889.673 procedimientos de justicia penal para personas adultas y 26.951 de justicia para adolescentes. Las fiscalías estatales representaron 2.884.601 y la FGR 32.023. Sin embargo, la cifra federal solo cubre procedimientos pendientes en la etapa de investigación inicial, porque la FGR dijo no contar con información sobre sus procesos en la etapa complementaria. El dato estatal sí incluye ambas etapas. Además, los procedimientos pendientes pueden proceder de carpetas abiertas en años previos, no únicamente de las iniciadas en 2025. Estos registros administrativos no equivalen al número de causas judiciales únicas ni deben describirse como un rezago directamente comparable sin explicar las diferencias de cobertura.

La FGR y las fiscalías estatales ejercieron en conjunto 81.209,1 millones de pesos en 2025 a precios corrientes: 20.345,6 millones la FGR y 60.863,5 millones las entidades. A precios de la segunda quincena de julio de 2018, el total real fue de 57.930,3 millones de pesos, con 14.513,5 millones federales y 43.416,8 millones estatales. El total real aumentó un 1,7 % frente a 2024; el gasto real de la FGR bajó un 1,1 % y el estatal subió un 2,7 %. Los importes corrientes y constantes usan bases de precios distintas. El 2 de octubre el INEGI sustituyó el archivo del informe para retirar de las páginas 10 a 12 referencias incorrectas que decían que la fiscalía de Guanajuato no había entregado datos sobre policías investigadores; sí los había entregado y sus datos estaban incluidos en los resultados del 1 de octubre. La corrección rectificó esas referencias y no anunció cambios en los totales nacionales citados aquí.